En 2024, el 95,5% de las unidades judiciales en Chile cumplió todas sus metas colectivas, y el 100% de las metas institucionales fueron alcanzadas por el Poder Judicial y sus organismos de apoyo. Este dato muestra un cambio importante en cómo funciona hoy la gestión judicial en Chile: más rápida, más clara y centrada en las personas.
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Metas de gestión judicial: por qué son clave para una justicia más eficiente
El Poder Judicial de Chile define cada año una serie de metas que todos los tribunales y unidades administrativas deben cumplir. Estas metas se dividen en dos tipos:
- Metas de eficiencia institucional, que buscan mejorar aspectos generales como la atención al público, el acceso a la justicia o la incorporación de tecnologías.
- Metas de desempeño colectivo, enfocadas en los resultados de cada tribunal: por ejemplo, cuántas audiencias se realizan o si se dictan sentencias dentro de los plazos legales.
Además, cada meta considera la realidad específica de cada tribunal. Por ejemplo, los juzgados de familia deben realizar una cierta cantidad de audiencias mensuales, mientras que los civiles se enfocan en dictar sentencias dentro del plazo legal y despachar trámites post-sentencia con agilidad.
Indicadores de gestión judicial: ¿qué se mide en la práctica?
Para saber si se están cumpliendo las metas, el Poder Judicial usa indicadores cuantitativos. Algunos ejemplos:
- Número de causas ingresadas y resueltas.
- Cantidad de causas pendientes.
- Tiempo promedio de tramitación.
- Porcentaje de audiencias efectivamente realizadas.
- Tiempo para dictar fallos en distintas materias (civil, penal, familia, laboral).
Estos indicadores permiten detectar atrasos, medir mejoras y aplicar ajustes. También sirven para comparar el desempeño entre tribunales y zonas del país.
Toda esta información se publica en la plataforma oficial Poder Judicial en Números, que entrega datos abiertos por tribunal, región y materia. Cualquier persona puede ver cuántas causas ingresan, cuántas se resuelven y en qué plazos.
¿Quién controla el cumplimiento de las metas?
La Comisión Resolutiva Interinstitucional de Metas de Gestión es la encargada de definir los objetivos cada año. Está integrada por la Corte Suprema, los Ministerios de Hacienda y Justicia y representantes del Poder Judicial.
Luego, la Corte Suprema aprueba las metas propuestas y supervisa los informes anuales de cumplimiento. Esta etapa es clave, ya que permite ajustar políticas institucionales y coordinar los recursos presupuestarios con los avances reales.
La CAPJ (Corporación Administrativa del Poder Judicial) monitorea el cumplimiento de estas metas a través de su Departamento de Planificación y Control de Gestión. También existen Consejos de Coordinación Zonal que revisan trimestralmente los avances de cada jurisdicción.
Calidad del servicio judicial: no solo importa la cantidad
El sistema también mide la experiencia de las personas. Desde 2013 se aplica el Índice de Calidad de la Justicia (iPJUD), una encuesta nacional que consulta a usuarios, jueces, funcionarios y abogados. Evalúa dimensiones como:
- Acceso a la justicia
- Transparencia
- Ejecución de sentencias
- Trato al usuario
- Derechos de las personas
Esta medición permite conocer la percepción ciudadana y ajustar estrategias. Si el índice muestra baja satisfacción en transparencia, por ejemplo, se pueden reforzar los canales de información al público.
El iPJUD también permite identificar brechas en distintas zonas del país, ayudando a enfocar recursos donde más se necesitan. De esta forma, se avanza hacia una justicia más equitativa y sensible a la realidad de los usuarios.
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Impacto real: justicia más rápida, cercana y transparente
Gracias a este sistema de gestión judicial, Chile cuenta hoy con tribunales que resuelven más causas en menos tiempo, reduciendo los rezagos y mejorando el trato hacia los usuarios.
La información pública también empodera a la ciudadanía, que puede consultar el desempeño de cada tribunal. Esto genera confianza y obliga a las instituciones a mantener altos estándares.
Por ejemplo, un usuario puede revisar cuánto tarda un juzgado de su comuna en tramitar una causa laboral o cuántas audiencias realiza un tribunal de familia al mes. Esto promueve la rendición de cuentas y una justicia más abierta.
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